Reformas en la justicia, presupuesto y coparticipación federal

Reformas en la justicia, presupuesto y coparticipación federal

 

Por Roberto Antonio Punte(*)

 

1.-Es posible advertir en las consignas gremiales de los conflictos en curso un fuerte rechazo a todo lo que sea reforma o cambios que afecten el status quo. Esta propuesta pretende ser superadora, y se apoya en   vincular dos temas en larga mora: el afianzamiento de la Justicia y la renovación de la Coparticipación Federal, a través de planes presupuestarios que premien con financiamiento especial los proyectos de mejora del servicio de justicia, ya sea edilicia, tecnológica y de formación del capital humano, sobre todo en emprendimientos de alcance regional.

 

Es condición de la reparación institucional que los protagonistas de la gestión política –gobierno y opositores-aborden el demorado cumplimiento   de la manda contenida en la reforma de 1994, regulando un nuevo sistema de coparticipación, a la vez funcional a los altos objetivos de progreso económico y social contenidos en los arts. 18 y 19 y el art. 75, superando el marcado retraso  respecto del acatamiento de la cláusula transitoria 6ta que había establecido 1996 como fecha límite para remplazar el desvencijado sistema vigente[1].Ahora bien, siendo notoria la necesidad de una profunda reforma de nuestros sistemas judiciales, que, ya sea por lentitud o distintas corrupciones, no cumple con los mínimos recaudos de servir al afianzamiento de la justicia que requiere nuestro pacto constitucional, propongo  vincular ambos  temas a través de planes presupuestarios que premien con financiamiento especial de fuente coparticipable los proyectos de mejora del servicio de justicia, ya sea edilicia , tecnológica y de formación del capital humano , sobre todo en emprendimientos de alcance regional.

 

2.-Cuando hablo de corrupciones no me refiero sólo a ese sector marginal de coimas y arreglos espurios entre jueces, abogados y peritos, sino al universo más vasto de defecciones   e incumplimientos del deber propio. Puede darse desde   la rutina, que también es una corrupción, al adocenado refugio en reglas rituales de carácter procesal para evitar entrar al fondo de los asuntos, a la repetida excusa de falta de presupuesto o de personal capacitado para justificar desidia, abandono del deber de liderazgo, o del cumplimiento leal de las responsabilidades del cargo.

 

También esa corrupción “del falso salomonismo”, olvidando que el rey bíblico, obtuviera su fama bien ganada de justo no por haber partido un niño al medio, sino por haber sabido entregar íntegro y sano el mismo a su legítima madre. En cambio, muchos jueces creen que es “equitativo” partir lo niños, o dar menos de lo que corresponde como modo de compensación al perdidoso. Peor y más frecuente aún   cuando el perdidoso es el poderoso Estado, el fisco, las gobernaciones, etc. O cuando se cede ante los aprietes , protagonizados por pocos o muchos, por personas o por lobbies mediáticos, pues son en definitiva búsqueda  de privilegios o rentas sectoriales ,las más de  las veces  en contra de los intereses generales de la comunidad, perdiendo de vista que  el adecuado servicio de lo público empieza  por asegurar el orden público y la igualdad ante la ley, más allá de los individualismos, ya sea que estos individualismos sean personales, de patotas, o de grupos agremiados.

 

3.-Ahora bien, dejadas de lado estas cuitas, cabe enfocarse en el aspecto positivo posible, que puede y debe   relacionarse con la postergada, aunque imprescindible actualización de la coparticipación federal, tratando de enganchar siquiera parcialmente tramos parciales de reforma con la propagación de impulsos virtuosos para el mejoramiento de la justicia.

 

En los países federales  exitosos, se reservan premios para aquellos gobiernos locales que asumen las tendencias a la descentralización, la democratización, tanto en el área gasto como de asignación presupuestaria, de modo de acercar la justicia a la gente, facilitando sobre todo a los más carenciados o a los más conflictuados – caso de la justicia de familia y los temas de violencia, o los delitos de menores  – así como ,en consecuencia, lo que se propone es que se coloquen dentro del presupuesto de la ley de coparticipación  premios para quienes asuman de modo solidario las reformas judiciales pertinentes.

 

En tal sentido es necesario renovar la infraestructura, notoriamente deficiente en la mayoría de los estados locales, así como en el propio sistema federal.

 

La construcción de cárceles que sean como la Constitución quiere, “sanas y limpias”, para la recuperación de los condenados y no para su castigo.

 La creación de institutos adecuados para los menores, que están ingresando tempranamente al delito.

Un plan de infraestructura, en consecuencia, que premie a los que se embarcan en el mismo, con vías al mejoramiento del servicio de justicia.

 

También he señalado en otra oportunidad, la necesidad de que el federalismo se asiente en principios liminares de subsidiaridad y cooperación leal[2]. En contra de nuestra secular tendencia, aún no revertida, al centralismo unitario, hay una manda constitucional hacia descentralizar y regionalizar, que coincide con cierta tendencia mundial, ya sea por practicidad o democratización, no solo en los Estados federales sino también en los formalmente unitarios.

 

En tal sentido, varios principios me parecen sustanciales para el tema que nos ocupa. El de cooperación leal que en el tratado de Maastricht se expresa en el sentido que “la Unión y los Estados miembros se respetarán y asistirán mutuamente en el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los tratados”, en este caso, del deber constitucional de afianzar la justicia. Se balancea con que los Estados miembros   apoyarán a la Unión en el cumplimiento de su misión y se abstendrán de toda medida que pueda poner en peligro la consecución de los objetivos comunes.

 

Y como contrapeso los principios de subsidiaridad y proporcionalidad que establecen la prioridad de los Estados miembros en la atención de las necesidades locales junto con la regla que limita la competencia subsidiaria del gobierno central a lo pertinente y necesario para alcanzar los objetivos de la Unión, sin excederse ni asumir otras facultades no imprescindibles a este objetivo.

 

En tal sentido, la formulación de planes generales de apoyo puede preverse en la ley de presupuesto, como generador de mejores o más amplios incentivos para aquellas provincias que, además de asumir reformas, lo hagan solidariamente con las de sus regiones. Un mundo donde se desdibujan las fronteras, las existentes entre las provincias de la misma región también deben desdibujarse y esto se puede apoyar a través de inversiones, promoción de iniciativas, incentivos legales y fiscales, para la provisión de mejores servicios tendientes al mejoramiento del producto y del ingreso y de la prestación de justicia en el caso que nos ocupa, en beneficio de nuestras poblaciones.

 

Como ejemplo puede pensarse en la creación de escuelas judiciales o escuelas de policía comunes de manera que la provisión de determinados servicios públicos vinculados a la justicia sean temas regionales, y sirvan para ahorrar y concentrar esfuerzos en el logro de los objetivos buscados.

 

Todo esto en realidad no es sino continuación de tendencias existentes de transferencias a las provincias de responsabilidades y competencias, que se ha dado ya en materia de salud, educación y ambiental pero que ahora requiere también incluir al tema de la justicia en su necesaria reforma y mejoramiento, para actualizarla y ponerla a la altura del siglo XXI y de las necesidades actuales de nuestra población, a fin de superar la terrible grieta que separa entre los que tienen tierra, techo y  trabajo y los que no lo tienen en un grado razonable de satisfacción de necesidades humanas.

 

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